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Según la concejala Diana Diago, la Policía Metropolitana de Bogotá tendrá acceso a las cámaras de seguridad privada, facilitando así la prevención y atención de emergencias y delitos en la capital colombiana. De igual manera, las imágenes serán de utilidad en los procesos de investigación y como material probatorio.
Con el objetivo de combatir la delincuencia en la capital colombiana, la seguridad privada cederá sus cámaras de videovigilancia a la Policía Metropolitana de Bogotá. De esta forma, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la ciudad tendrá acceso a las imágenes captadas por las cámaras del sector privado.
Herramienta al servicio de la seguridad pública
Así lo ha confirmado Diana Diago. Según la concejala, “las cámaras de seguridad privada serán una herramienta más para las autoridades de seguridad pública en la prevención y atención de emergencias y delitos”.
“La inseguridad en Bogotá es alarmante. Por ello, cada insumo que se le pueda entregar a las autoridades para la prevención del delito es importante. Y más teniendo en cuenta que el equipo actual se queda corto para ser más efectivos. De ahí la necesidad de apoyarse en las empresas de seguridad privada, que cuentan con infraestructura y personal”, ha añadido Diago.
Gracias al uso de las cámaras de seguridad del sector privado, la Policía Metropolitana de Bogotá podrá reaccionar más rápidamente a situaciones de inseguridad, emergencia, riesgos naturales y accidentes. Igualmente, las imágenes serán de utilidad en los procesos de investigación y como material probatorio.
Asimismo, la concejala ha avanzado que “las imágenes que recopilan las cámaras de seguridad también formarán parte de la información que utiliza la Secretaría de Seguridad para elaborar los análisis e indicadores de seguridad. De esta forma, se conocerán con más precisión las realidades del crimen en la ciudad”.
Respeto a la privacidad de los ciudadanos
Por otra parte, el uso de las cámaras de seguridad conllevará un respeto a la privacidad de las personas. A tenor de lo expresado por Diana Diago, los ciudadanos tendrán acceso a los dispositivos. Y podrán comunicarse con los administradores para ajustarlos o solicitar su eliminación del lugar de instalación.
Fuente: Segurilatam
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